Descargar aquí: “Elpresupuesto participativo: herramienta de democracia participativa para la ciudadanía”
"Todos los habitantes tienen
derechos que deben reivindicar. Así el presupuesto participativo permite a
miles de personas ejercer su ciudadanía cotidianamente y eso fortalece la
democracia".
Olivio Dutra, primer intendente del Partido
de los Trabajadores de Porto Alegre y padre del presupuesto participativo
(1998).
INDICE
Introducción.
La innovación democrática de la
participación ciudadana.
El Presupuesto Participativo.
Efectos económicos, sociales y políticos.
Conclusiones.
Palabras claves: Participación ciudadana, Gobernanza
local, Democracia participativa, Planificación participativa, Presupuesto
participativo.
Introducción.
Desde que en 1989 se pusieran en marcha las
primeras iniciativas participativas o de proximidad ciudadana en la ciudad
brasileña de Porto Alegre, los presupuestos participativos han abierto un nuevo
ciclo en las experiencias de innovación en la gestión pública ganando presencia
en América Latina como en Europa. En España las experiencias más significativas
hasta ahora se han desarrollado en ciudades tan importantes como Sevilla,
Córdoba o Getafe.
El trabajo recoge las nuevas formas de
institucionalización democrática; la democracia deliberativa o participativa,
propiciada por la implantación de los presupuestos participativos, y las
posibilidades que tales formas de democracia tienen para superar los límites de
institucionalización democrática restringida a las formas de democracia
representativa. Se trata de formas de Gobernabilidad Democrática que para
muchos teóricos/as sobre Presupuestos Participativos creen necesarias
incorporar por su carácter innovador y para la constitución de nuevos medios de
ejercicio de ciudadanía. En definitiva, tratan de cubrir la naturaleza
incompleta (Benavides, M. 1991) de las instituciones de democracia
representativa. Seguidamente, el texto tratará la definición y efectos
socioeconómicos y políticos del Presupuesto Participativo como herramienta de
ciudadanía. Para finalmente, abarcar un análisis somero sobre las experiencias
de implantación del Presupuesto Participativo en el ámbito internacional,
nacional y local.
La innovación democrática de la
Participación Ciudadana.
La necesidad de modernizar y democratizar
la gestión pública se ha convertido en uno de los principales retos para la
sociedad y el Estado. Desafío que inaugura un nuevo ciclo de innovaciones
institucionales y democráticas, ocupando el presupuesto participativo una
posición central en las políticas públicas estatales.
Creemos positivo situar el contexto y la
emergencia de esta experiencia dentro del marco de las prácticas de
participación ciudadana. Esta descripción no sirve sólo para saber más, sino
para comprender mejor el por qué de su creciente expansión en España y las
diferentes orientaciones que presenta, lo que nos puede ayudar a comprender los
intereses y también los problemas de su puesta en marcha.
Las democracias representativas
occidentales, aquejadas de problemas de gobernabilidad y legitimidad, han
desarrollado en los últimos años un interés creciente que les ha llevado en
muchos casos a volver la mirada hacia experiencias democráticas puestas en
marcha en otros lugares, con el fin de extraer elementos que permitan superar
los condicionantes de crisis que aparentemente se dan en los sistemas políticos
representativos contemporáneos. En ese sentido, los procesos de
redemocratización iniciados en Latinoamérica en la segunda mitad de los años
ochenta del siglo XX, a pesar del contexto de dificultades en el que se vienen
desarrollando, especialmente las de tipo socioeconómico, están permitiendo sin
embargo la puesta en escena de prácticas concretas de democracia que concitan
una enorme expectación a la vez que recelo.
Tradicionalmente, lo “local” se ha
considerado un espacio privilegiado para construcción democrática y la
participación ciudadana. Es el lugar donde con más frecuencia los vecinos y las
vecinas entran en contacto con la representación política o con el personal
técnico de la Administración, donde se materializan normalmente los servicios
del Estado, y donde la gente se organiza en redes de cotidianeidad. En
definitiva, lo local es el lugar donde toman forma normalmente las formas de
ciudadanía. El ámbito municipal, las ciudades, mediante el impulso de muchos
gobiernos locales se están convirtiendo en el marco de la renovación
democrática, actuando a modo de laboratorio de la democracia, a partir de la
integración a la ciudadanía plena a importantes sectores de población
normalmente excluidos de la acción pública. Esta nueva visión política de los
gobiernos locales por la ciudadanía plena exige, entre otras cosas, la creación
de instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de
los gobernantes mediante una profundización en la democracia local.
La democracia participativa local configura
un escenario muy distinto al de la participación en la democracia
representativa tradicional. Esta nueva configuración es la que dispone el marco
adecuado para la emergencia de los procesos de innovación democrática local,
como es el caso del Presupuesto Participativo, que es una de las herramientas
de democracia directa que pone sobre el tapete de la gestión local la
existencia de fórmulas de cogestión y codecisión entre instituciones y
ciudadanía en materias importantes de gobierno municipal.
Con lo cual, la constitución de formas de gestión
participativa (Barrera, A.2009) tiene como principal propósito la
democratización de las relaciones entre el estado y la sociedad. Supone la
puesta en juego de una serie de instrumentos y mecanismos que de forma
sistémica propi-cien y activen la participación, la planificación y el control
de la ciudadanía sobre las instancias de gestión pública, al tiempo que se
promueve la mayor eficiencia de estas últimas.
La democracia real (García, F. y Carrillo,
A. 2008) toma sustancia cuando se ejerce en los espacios de toma de decisiones.
Si la participación ciudadana no desborda la mera aportación de iniciativas o
se concibe simplemente como una herramienta de consulta, en realidad estamos
haciendo uso de una concepción empobrecida de lo que debe ser la participación.
El ejercicio de la democracia cotidiana debe intentar disminuir las diferencias
entre administradores y administrados, y para ello quizás podríamos partir de
la premisa de que la ciudadanía, articulándose en procesos y medios
facilitadores, puede ser capaz de intervenir eficientemente en la gestión de su
ciudad.
La invocación a la participación social
está basada en el deseo de romper con la inercia de exclusión y segregación de
la mayoría de la población, y sobre todo de los sectores populares, en la toma
de decisiones de las políticas públicas que afectan su vida y posibilidades de
desarrollo, y en la necesidad de un reapropiamiento de la esfera pública que
promueva y dinamice las relaciones entre estado y sociedad.
Es decir, los significados y contenidos
dominantes de la participación están fuertemente subordinados a los procesos de
globalización de la economía de reestructuración del estado, y a las
modificaciones en la relación entre estado y sociedad. En este contexto, la
participación está referida a la presencia de actores individuales o colectivos
en particulares espacios de in-fluencia en las decisiones estatales sobre las
políticas “menos duras”, en tanto que las decisiones económicas y las
representaciones políticas tienden más bien a constreñirse a ámbitos más
cerrados; la participación queda acotada, además, a espacios locales,
municipales o comunales con fuerte carácter heterónomo, en tanto las decisiones
que marcan el futuro de las localidades están cada vez menos en manos de ellas
mismas.
Pero la participación, por fin, se entiende
como posibilidad de coadministración en la prestación de servicios públicos,
incluyendo principalmente su financiamiento y la socialización de costos. El
panorama dentro de esta vertiente “participativa” conduce casi unívocamente a
la constitución de “actores sociales sujetados” dentro de una lógica de
reproducción de roles, espacios y contenidos predeterminada. No obstante,
también es indudable que lentamente ha prosperado una práctica y una noción de
participación con un sentido democratizador, que busca ampliar los campos de
desenvolvimiento e incidencia de la acción social.
Este sentido democratizador puede
presentarse tanto como “aperturas” desde arriba, si es que las iniciativas
quedan restringidas al ámbito de la institucionalidad, pero también como
construcción de dinámicas de acción y organización social y de ciudadanía en
sentido extenso.
Esta forma de participación implica un
proceso de resocialización de la política y de configuración de un espacio
público deliberativo que abre oportunidades de ejercicio de nuevas formas de
gestión, de mejoramiento de las capacidades propositivas de la sociedad local
y, sobre todo, de ciudadanización de las demandas y propuestas, incluso parece
cada vez más elocuente que, pese a las dificultades y amenazas, la
participación es un factor de construcción de una administración pública
democrática y eficiente (Font, 2001: 34-58).
Los múltiples sentidos que pueden
atribuirse a la noción de participación conducen, entonces, a la necesidad de
discutirla como parte de los componentes de proyectos políticos mayores. La
participación es un nodo articulador de una más amplia formación propositiva,
política y discursiva que, en tanto se ordene de uno u otro modo, o comparta
lugares con una u otra concepción de lo social, lo político y lo económico,
producirá nexos de significado disímiles y en contradicción.
Coraggio propone “la posibilidad de pugnar
por un ejercicio autónomo de la soberanía popular”: son participaciones activas
(Coraggio, 1991: 215-237). Este tipo de participación activa implica que los
ciudadanos, individual o colectivamente, se constituyen como tales en la medida
en que disputan y ejercen sus derechos y son capaces de hacer frente a una
serie de compromisos sociales para la satisfacción de las necesidades
colectivas.
La participación democrática apunta,
entonces, hacia la construcción de ciudadanías no sólo en el sentido de
involucramiento real y efectivo en los asuntos públicos, sino especialmente en
la afirmación de derechos civiles, políticos, sociales y económicos: no hay
posibilidades reales de ejercitar la libertad e igualdad políticas si no
existen mínimas condiciones de igualdad social en términos de educación, salud
y seguridad material y, en general, si no existe participación en las
principales oportunidades sociales que ofrece una sociedad (Cunnil Grau, 1999).
La participación democrática entraña además
el establecimiento de dinámicas de apropiación social del territorio, coadyuva
en la formación de sentidos de pertenencia e identidad1. La ciudad ajena y
amenazante conduce inercialmente a la formación de un sentimiento de
extraña-miento y desapropiación territorial y cultural y de vivencia
fragmentada y dispersa. La participación debe reconstruir un cierto sentido de
unidad y
1 Sobre
mecanismos de participación, Ver Font, Joan y otros (2000). totalidad a través de una dialéctica de
pluralismo y consenso, de particularismo y universalidad, de confrontación y
negociación (Borja, 1987: 156). Una amplia variedad de mecanismos pueden
acercar la ciudad al ciudadano y por esta vía reconstruir un sentido de
pertenencia e identidad.
En todo caso, existen muchas formas de
participar y aquí no podremos hablar de todas. Nos limitaremos a explicar y
discutir un proceso de participación orientado a la mejora de las políticas
públicas, el presupuesto participativo. Es decir, hablaremos de un proceso
organizado orientado a la toma de decisiones y a acabar influyendo en la
realidad. (Font & Blanco, 2006: 14).
El Presupuesto Participativo.
Podríamos definir el Presupuesto
participativo2 como aquel mecanismo o proceso por el cual la población
determina o contribuye a determinar el destino de la totalidad o de una parte
de los recursos públicos de su municipio. De hecho, el Presupuesto
participativo es una forma de democracia participativa en la gestión pública.
(Genro,T. & De Souza, U. 1997 (a))
2 Los
presupuestos participativos varían mucho de un lugar a otro por lo que es
difícil dar una definición más concreta.
Ubiratan de Souza, uno de los primeros
responsables del Presupuesto participativo en Porto Alegre (Brasil) propone una
definición más precisa y más teórica que se puede aplicar a la mayoría de los
procesos llevados a cabo en Brasil: “El Presupuesto participativo es un proceso
de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y
decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita
su participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento,
sino que también decide las prioridades de gastos y controla la gestión del
gobierno. Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser
protagonista permanente de la gestión pública. El Presupuesto participativo
combina la democracia directa con la democracia representativa, una conquista a
ser preservada y calificada”. (Genro,T. & De Souza, U. 1998 (b))
El presupuesto participativo nace
formalmente en 1989 en la ciudad brasileña de Porto Alegre, aunque
anteriormente hubo algunas experiencias parciales. En 1990, en Montevideo
(Uruguay), la población fue invitada a orientar el uso de los recursos
quinquenales del Municipio.
Se pueden identificar tres grandes fases en
la expansión de este nueva forma de participación ciudadana: la primera, desde
1989 a 1997, caracterizada por experimentaciones en pocas ciudades; la segunda,
de 1997 a 2000, podríamos llamarla de masificación brasileña ya que en ese
período más de 130 municipios de Brasil adoptaron el Presupuesto participativo;
y la tercera, de 2000 en adelante, por la expansión fuera de Brasil y por su
diversificación.
En la actualidad, no menos de 300
municipios de diferentes países han adoptado esta modalidad de gestión pública.
Aproximadamente, el 80% del total de
experiencias de gestión a través del Presupuesto participativo se realizan en
municipios brasileños. Los países de la región andina (Perú, Ecuador y más
recientemente Bolivia y Colombia) son el segundo gran foco de experiencias. Con
diferentes niveles de consolidación y en forma puntual, podemos encontrar
experiencias tanto en los demás países de la región (Argentina, Paraguay,
Uruguay, Chile, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y México), como en
algunas ciudades europeas que han iniciado también procesos de Presupuesto participativo
(Italia, Alemania y Francia) y varias ciudades africanas (por ejemplo en
ciudades de Camerún). Algunos países asiáticos (por ejemplo, Sri Lanka).
En España, los presupuestos participativos
empiezan a implementarse en el año 2001 en tres municipios (Cabezas de San
Juan, Rubí y Córdoba) gobernados por Izquierda Unida (Pineda, 2004). Desde
entonces, hasta finales de 2006, son casi treinta municipios los que han puesto
en marcha el proceso, aumentando su número de una forma muy significativa a partir
de las elecciones de 2007 (Almería, Santo Domingo de la Calzada, Xirivella,
etc3.)
3Más de la
mitad de las experiencias surgen después de las elecciones de 2007 (Pineda,
2009).
4 En Rubí, IC-V
perdió la mayoría en las elecciones municipales de 2003 y el nuevo partido
mayoritario, el PSC, decidió no darle continuidad después de haberse mostrado
muy crítico con la experiencia impulsada por el gobierno anterior (Blanco y
Ballester, 2011).
5 En Sabadell existió un proceso de
participación en los presupuestos municipales en el año 2000, pero se trató de
un proceso participativo único para toda la legislatura (Subirats et al., 2001;
Blanco y Ballester, 2011).
6 Se produjo por cambios en el gobierno local
tras las elecciones de 2003 (Ganuza, 2008). GAPP. Nueva Época, no 7,
enero-junio 2012, pp. 51-90, ISSN: 1134-6035
7 La complejidad de las experiencias y los
problemas políticos de gobernabilidad de los municipios han provocado que
muchas de las más antiguas hayan tenido que pasar por períodos de suspensión.
La proximidad de las elecciones municipales y la crisis financiera de los
ayuntamientos han suscitado este año muchos problemas en muchas de las
experiencias, hasta en las consideradas más consolidadas.
8 Aunque todavía el 79% de las experiencias
implementadas, lo han sido por municipios gobernados por el PSOE e IU, ya
existe un 15% de ellas en municipios gobernados por el Partido Popular. También
otros partidos (CiU) e independientes han impulsado experiencias de presupuesto
participativo (Pineda, 2009).
9 Véase Pérez Serrano et al., 2009.
10 La Oficina de Presupuestos Participativos
de la Diputación de Málaga presta apoyo técnico, promueve campañas informativas
y de difusión para dar a conocer y animar a la ciudadanía a comprometerse y
tomar parte, y se ocupa de la formación del personal técnico y político de los
ayuntamientos por medio de cursos y talleres
Durante todo este tiempo sólo cuatro
experiencias (Rubí4, Sabadell5, Cabezas de San Juan6 y Algete) han sido
abandonadas, las tres primeras después de las elecciones municipales de 2003 y
la última después de las elecciones de 2007, el resto, desde que empezaron han
continuado su curso aunque en algunos casos (Córdoba, Albacete y Jerez de la
Frontera) con pausas motivadas por distintos problemas7.
Durante los primeros años, los proyectos se
realizaron sólo en municipios gobernados por partidos de izquierda (IU y
PSOE)8, que en general (la excepción es Albacete), mimetizaron la metodología
de la experiencia de Porto Alegre sin tener en cuenta ni sus propias
especificidades ni su complejidad (Pineda y Fernández, 2004). Con el tiempo,
las que se han mantenido vivas han decido realizar cambios que les permitirían
continuar el proyecto. Además, han surgido otras muchas experiencias que, por
distintas razones, (tamaño poblacional, ideología, condiciones políticas,
legales o sociales, etc.), han aplicado metodologías propias fundamentadas en
sus especificidades (Pineda, 2005). No se puede tampoco olvidar la importancia
que ha tenido para su expansión en España la aprobación de la Ley de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, tanto por la importancia que concede
a la participación ciudadana como por haber creado un marco legal adecuado a la
participación territorial de los ciudadanos en el presupuesto (Pineda, 2004a).
En lo que respecta al tamaño de población,
existen municipios que van desde ciudades gran-des, como Madrid o Sevilla9,
hasta pequeños municipios, como Benalauría o Benarrabá. En estos momentos, y
debido al fuerte impulso de la Diputación de Málaga10, ha aumentado
significativamente el número de experiencias en municipios pequeños, pasando a
ser el 38% de todas las experiencias existentes (Pineda, 2009).
Con lo cual, las experiencias se
desarrollan en municipios rurales, semiurbanos (como Gobernador Valadares en
Brasil) y también en otros totalmente urbanizados (como Belo Horizonte).
Podemos encontrarlos en municipios con escasos recursos municipales como Villa
El Salvador en Perú o en municipios europeos con recursos abundantes y también
en el ámbito supramunicipal (agrupación municipios, regional y estatal).
No hay, ni sería deseable que hubiera, un
modelo único, porque las experiencias son fruto de la realidad de cada región,
de su historia local, de su cultura cívica, de la organización de su sociedad
civil, de los presupuestos disponibles y, también, de la cultura administrativa
de los gobiernos que las ejecutan. En Brasil, la fuerza de los movimientos
sociales en las ciudades y la presencia en ellas del Partido de los
Trabajadores explica por qué los Presupuestos Participativos tienden a ser ‘más
urbanos’. En el área andina, la presencia de Presupuestos Participativos en
municipios pequeños y medianos tiene que ver con la vitalidad que los
movimientos sociales y las ONGs tienen en estos ámbitos. En Europa, los
Presupuestos Participativos permiten, ante todo, modernizar la gestión pública
en articulación con la participación ciudadana.
Efectos económicos, sociales y políticos.
Desde el punto de vista económico el
principal beneficio que podemos esperar del funcionamiento de los presupuestos
participativos es la consecución de una mayor eficiencia y eficacia en la
gestión pública municipal.
La eficacia se asegura si la actuación
municipal se adecua a las demandas y prioridades salidas de las asambleas, es
decir a través de la democracia participativa. Las inversiones o actuaciones a
realizar responden a necesidades reales y son los problemas que más preocupan a
la ciudadanía por lo que su resolución aumentará el nivel de bienestar de la
población. Al mismo tiempo evitará que la gestión municipal se utilice (más o
menos disfrazada de interés general) según los intereses económicos de los
políticos, como tantas veces hemos visto y que solo benefician a la minoría
próxima a los gobernantes.
La eficiencia se consigue a través del
control de la actuación municipal que realiza la asamblea o los delegados
elegidos directamente para ello. Las autoridades municipales deben responder
ante la asamblea de ciudadanos sobre los medios empleados, (diseño y
presupuesto elegido, empresas contratadas, recursos puestos a disposición,
etc.), para la consecución de los objetivos aceptados. La transparencia que
ello exige puede evitar la corrupción y también el favoritismo y el
clientelismo.
A pesar de la importancia de conseguir
eficacia y eficiencia en la gestión municipal, la principal cualidad del
presupuesto participativo es de carácter social, como factor de transformación
social. La posibilidad de que las personas participen en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas les confiere dignidad y autoestima de la que muchas veces
se sienten privadas y que es un elemento esencial para la felicidad y
bienestar. Se reconocen capaces, al mismo nivel que el resto de la comunidad,
para participar en las asambleas, determinar los principales problemas y buscar
y promover las mejores soluciones. “La participación en las normas e
instituciones que configuran la propia comunidad es un derecho humano básico y
forma parte del desarrollo humano” (PNUD 2002).
La asistencia a las asambleas en las que
todos tienen el mismo poder: “una persona un voto”, refuerza el sentimiento de
ser parte integrante de una comunidad. Parte integrante activa en cuanto debe
enfrentar sus problemas, junto al resto de la comunidad, y no esperar que la
resolución de los mismos llegue sin su participación. Los ciudadanos y las
ciudadanas dejan de ser simples observadores para convertirse en protagonistas
de la gestión pública, es decir, ciudadanos plenos, activos, críticos y
exigentes.
Asimismo, en las asambleas se relativizan
los problemas individuales al escuchar las opiniones de los demás y se amplía
la visión con todos los problemas de municipio. El sentimiento de comunidad, de
grupo con las mismas necesidades debe prevalecer a la hora de priorizar la
resolución de los mismos.
Esta pérdida de individualismo y aumento
del empoderamiento colectivo crea una cultura democrática en la población y
fortalece el tejido social lo que puede llevar a la formación de redes, de
uniones a un nivel más amplio que el municipal y conseguir así una mayor fuerza
para otras reivindicaciones.
En el ámbito político la importancia del
presupuesto participativo reside en la profundización del ejercicio de la
democracia, mediante el diálogo del poder público con los ciudadanos y
ciudadanas. A la democracia representativa se une la participación directa de
cada uno de los miembros del municipio, es decir, la democracia participativa.
El presupuesto participativo necesita de la
democracia representativa para organizar el desarrollo de las asambleas y de
todo el proceso de decisión. También, para ejecutar las decisiones que salen de
ellas así como para informar de los resultados y rendir cuentas. Hay que tener
presente que muchas veces el presupuesto participativo no empieza como
resultado de reivindicaciones de movimientos sociales sino que el proceso
comienza por la voluntad del gobierno local elegido que está dispuesto a
democratizar su gestión. Así impulsa la participación ciudadana para la toma de
decisiones, la asignación y el control del uso de los recursos públicos.
Posteriormente el presupuesto participativo tendrá vida propia y podrá ser
agente de cambio social.
Pero también puede ocurrir que el gobierno
local elegido sea contrario al ejercicio de la democracia participativa ya que
ello implica una disminución de su poder, poder conseguido democráticamente y
que le ha sido otorgado por las urnas. Esta es la principal dificultad para la
continuidad de las experiencias de presupuesto participativo y sobre todo para
su expansión.
Conclusiones.
La tendencia internacional y nacional es
redefinir el rol de las Municipalidades. Se busca transitar de un rol casi
exclusivo de entregar servicios urbanos habituales hacia uno que pro-mueva y
cree las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo local. En esta
perspectiva, los gobiernos locales requieren manejar nuevos instrumentos de
gestión que sean capaces de combinar las acciones que den respuesta a las
apremiantes urgencias de la emergencia y el corto plazo con la necesidad de
planificar, de manera armónica e integral , el futuro desarrollo local. Pero
además, deben ser instrumentos de gestión que faciliten la concertación
democrática entre los diferentes actores locales, de tal manera que los
diversos intereses se encuentren reflejados en las decisiones del gobierno
local.
En este marco, la planificación del
desarrollo local, no puede seguir siendo diseñado ni impulsado por un solo
actor: la municipalidad. Es preciso que la mayoría de actores locales, especialmente
los provenientes de la sociedad civil, estén involucrados en trazar una visión
compartida del futuro de la ciudad, de tal manera que se sienten las bases para
definir las prioridades de política y las estrategias del desarrollo a largo
plazo. Esta participación de los actores en la definición de las rutas del
desarrollo, significa la concreción de una nueva gobernabilidad democrática
local, y de una mayor y mejor eficiencia y eficacia de la gestión, toda vez que
las diversas demandas sociales encuentren en el gobierno local un espacio en el
que se expresen y sean atendidas.
Por esta razón, la Planificación
Participativa, como instrumento del desarrollo local, se constituye en la mejor
herramienta de gestión democrática y eficiente del gobierno local, en vista de
que le posibilita que las decisiones se tomen, tanto desde una perspectiva que
combina el corto y largo plazo, como a partir del debate y la concertación de
diversos intereses presente en las demandas locales.
Si propugnamos la utilización del
presupuesto participativo como instrumento de transformación social es
necesario, por un lado, conseguir la máxima participación de la ciudadanía y,
por otro, asegurar que el proceso se consolide incorporando todas las mejoras
posibles y aumentando el porcentaje del presupuesto que se somete a la decisión
de los participantes.
En efecto, una de las debilidades más
comunes en todas las experiencias analizadas es la in-existencia de estrategias
concretas para la participación de todos los colectivos. Para revertir esto
sería necesario identificar acciones efectivas de comunicación (por ej., entre
otras, a través de nuevas tecnologías) y ofrecer formación para grupos y
beneficiarios determinados (por ej. jóvenes o colectivos menos favorecidos por
circunstancias sociales, geográficas, culturales, etc.). Para que el
presupuesto participativo se convierta en un efectivo proceso de participación
y que repercuta en un aumento del nivel de democracia, es necesario hacer
énfasis en la formación y capacitación de todos los actores implicados en el
proceso y de aquellos susceptibles de ser involucrados. De esta manera serán
los propios ciudadanos los que exijan la implementación del presupuesto
participativo no sólo para mejorar la gestión administrativa de su municipio y
a través de ella su calidad de vida, sino también para obtener todos los
beneficios a nivel de desarrollo humano derivados de la activa participación en
las decisiones de su municipio y conseguir una ciudadanía activa.
Con el fin de garantizar la eficacia y la
sostenibilidad del presupuesto participativo es imprescindible contar con el
compromiso de los políticos electos del Municipio de respetar el proceso y las
decisiones surgidas de las asambleas. En caso contrario, existe el riesgo de
desnaturalizar el proceso y dejarlo relegado a una mera instancia de consulta e
información ciudadana o a una estrategia de fidelización política. Para
evitarlo, es necesario garantizar y potenciar los espacios de deliberación
ciudadana y los mecanismos de control. Esto, por otro lado, asegurará la eficaz
y transparente ejecución de las propuestas surgidas de la ciudadanía logrando
reducir la distancia que tradicionalmente existe entre la ciudadanía y las
instituciones públicas.
Es un instrumento muy adecuado para
trabajar por la inclusión social desde la implicación de los sectores más
excluidos, dada su dimensión pedagógica y solidaria, así como por la aplicación
de criterios de solidaridad que contribuyan a priorizar las propuestas
ciudadanas recibidas en las primeras fases del proceso. Esta dimensión permite
trabajar con la ciudadanía el conocimiento de las necesidades globales de la
ciudad y permite hacer visibles las diferencias de intereses que se generan por
el hecho de vivir en comunidad, así como provoca el debate en torno a qué es
más importante para todos/as, permitiendo avanzar desde una perspectiva más
individual de las necesidades a una perspectiva más colectiva.
El presupuesto participativo puede ser el
enlace entre el ámbito político y el ámbito social y el medio para superar la
escasa confianza de la ciudadanía en los representantes políticos.
Entendemos que la transformación social sólo
será efectiva si se logra revertir las prioridades públicas a favor de los más
desfavorecidos y que todos los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas de
las decisiones públicas.
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